El Impacto de la Ley Antilavado en las Empresas Mexicanas

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado, fue publicada el 17 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Como bien lo indica su denominación, esta Ley tiene por objeto establecer medidas y mecanismos orientados a prevenir y detectar actos u operaciones que impliquen recursos de origen ilícito. Para ello, se establece una coordinación entre diversas instituciones, con el objetivo de obtener información útil para la investigación y persecución de delitos relacionados con el lavado de dinero, su financiamiento, y las estructuras financieras vinculadas a organizaciones delictivas, evitando así el uso indebido de dichos recursos.

Además, la mencionada Ley busca evitar que los recursos de procedencia ilícita vicie al sistema financiero mexicano y, en consecuencia, busca salvaguardar a dicho sistema mediante la regulación del uso de efectivo y la transparencia respecto a su procedencia. Una de las medidas implementadas en esta Ley es el seguimiento del flujo de efectivo en operaciones que superan una cierta cantidad de dinero, cantidades que se establecen por la misma Ley. 

Dentro de la Ley, se señalan diversas operaciones o actos que se catalogan como Actividades Vulnerables, mismas que derivada de su naturaleza y contexto social, pueden llegar a tener una alta probabilidad de estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita al manejarse, en muchas ocasiones, a través del efectivo. Como actividades vulnerables podemos mencionar aquellas que están vinculadas con la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos; la construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como la compraventa de los mismos; la comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes; la subasta o comercialización se obras de arte; la comercialización o distribución de vehículos usados o nuevos; los servicios de blindaje; entre otras. 

De manera general, cualquier persona física o jurídica puede realizar cualquiera de las actividades u operaciones económicas que la Ley cataloga como actividades vulnerables, sin embargo, la Ley establece una limitante para en cuanto al uso de efectivo o metales dentro de dichas operaciones. Por ejemplo, en la compraventa de inmuebles se limita el uso de efectivo hasta por un monto equivalente a 8,025 Unidades de Medida de Actualización (UMAs), lo que equivaldría a $907,948.50 pesos, de conformidad con el valor de la UMA del año 2025. O bien, en el caso de la compraventa de automóviles, el uso de efectivo se limita a 3,210 UMAs ($363,179.40 pesos). 

La Ley Antilavado fue sumamente criticada al momento de su publicación, ello en razón de que se tenía la creencia de que con la limitante del uso de efectivo se estaría afectando a las actividades comerciales y el crecimiento económico de casi cualquier industria, pues esta Ley se dirige a diversas actividades que afectan a casinos, constructoras, inmobiliarias, tiendas departamentales, despachos jurídicos y contables, notarías y corredurías públicas, prestadoras de servicios de cobranza, prestadoras de servicios de seguridad privada, entre otras muchas. No obstante lo anterior, la realidad es que este cuerpo normativo busca establecer medidas que puedan atender la necesidad que vive nuestro país, en donde el lavado de dinero es una realidad que contamina una gran variedad de actividades y operaciones dentro del sector financiero. Asimismo, esta Ley también surgió como necesidad de atender las disposiciones de los tratados y convenciones internacionales en las que el Estado mexicano es parte y, por lo tanto, que lo obligan a contribuir en el esfuerzo internacional que busca poder identificarla procedencia del dinero en efectivo.

En consecuencia, las personas pueden seguir realizando básicamente cualquier operación comercial mediante el uso de efectivo, sin embargo, siempre y cuando dicho monto no exceda los límites establecidos por la ley, de modo que el faltante debe ser liquidado mediante cualquier otra forma de pago, pudiendo ser cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, entre otros. 

Ahora bien, ¿qué obligaciones se derivan de la Ley Antilavado para las empresas?

Una de las medidas más relevantes que impone la Ley, es la relativa a los avisos que deben de presentarse mensualmente ante la autoridad fiscal, en los cuales se reporta las operaciones realizadas que son catalogadas como actividades vulnerables, o bien, cuando además de tratarse de alguna actividad vulnerable, ha superado los montos establecidos por la ley. Tales avisos tienen por fin transparentar el origen de los recursos, controlar las actividades vulnerables y prevenir los delitos financieros, toda vez que permiten identificar a la autoridad fiscal, aquellas transacciones que por su naturaleza o cuantificación, pueden estar posiblemente relacionadas con actividades ilícitas. 

De manera general, podemos mencionar las siguientes obligaciones como las más relevantes para aquellas empresas que realicen actividades vulnerables:

1. Designar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a un responsable del cumplimiento, quien actuará como vínculo entre la entidad y la autoridad competente.

2. Verificar la identidad de los clientes o usuarios utilizando documentos oficiales, y conservar copias de dichos documentos.

3. Conservar, durante un periodo de cinco años, la información y documentación que respalde las operaciones y permita identificar a los clientes o usuarios.

4. Facilitar a las autoridades las condiciones necesarias para la realización de visitas de verificación, cuando proceda.

5. Enviar los avisos correspondientes a la SHCP a más tardar el día 17 del mes siguiente, utilizando el formato oficial que determine la autoridad.

6. Los avisos deberán incluir los datos de identificación del cliente o usuario, así como una descripción detallada de la operación a reportar.

7. No se deberá realizar la operación si el cliente o usuario se niega a proporcionar la información o documentación requerida.

La aplicación de esta ley representa un cambio importante en la gestión operativa y administrativa de muchas empresas. Entre las principales implicaciones se encuentran:

1. Carga administrativa y operativa. Las empresas deben implementar controles internos, capacitar personal, establecer políticas de cumplimiento y destinar recursos a estas tareas.

2. Costos de cumplimiento. Implica costos adicionales por implementación de sistemas de monitoreo, conservación de información, contratación de personal especializado, etc.

3. Riesgo legal. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden ser económicas elevadas, así como la suspensión de actividades o incluso responsabilidad penal en ciertos casos.

4. Mayor transparencia. Promueve la transparencia y legalidad en las operaciones comerciales, lo que puede fortalecer la reputación de la empresa.

5. Limitación en ciertos negocios. Algunas empresas pueden optar por no realizar actividades vulnerables debido a la complejidad del cumplimiento, lo que puede impactar su modelo de negocio.

La Ley Antilavado representa un instrumento fundamental en la lucha contra el lavado de dinero en México, estableciendo un marco legal que busca proteger al sistema financiero nacional de la infiltración de recursos ilícitos. Si bien su implementación ha supuesto un reto considerable para las empresas, especialmente aquellas que realizan actividades catalogadas como vulnerables, también ha contribuido a fomentar una mayor transparencia, responsabilidad y legalidad en el entorno económico.

Las obligaciones impuestas implican una importante carga administrativa y costos adicionales, pero son medidas necesarias para fortalecer la integridad de las operaciones comerciales. En este sentido, el cumplimiento de la Ley no solo responde a una exigencia normativa, sino que también representa una oportunidad para que las empresas fortalezcan su reputación y se alineen con estándares internacionales en materia de prevención de delitos financieros.

En definitiva, aunque la Ley Antilavado implica desafíos significativos, su correcta aplicación contribuye al desarrollo de un entorno empresarial más seguro, competitivo y comprometido con la legalidad.